La Coordinadora Intersectorial Cultura en Emergencia (CICE) es un espacio de articulación que reúne a más de 80 organizaciones del sector de las culturas, artes y patrimonios. Formada en el contexto de la emergencia, hemos sabido proyectar nuestro trabajo para promover de manera coordinada el desarrollo de las culturas, artes y patrimonio. En el marco del proceso constituyente, llamamos a las distintas candidatas y candidatos a adherir a la campaña SOMOS CULTURA, asumiendo el compromiso de impulsar los contenidos que planteamos en la siguiente declaración.

El actual proceso de cambio constitucional se origina a raíz de la revuelta del 18 de octubre de 2019, proceso en el que las personas y organizaciones salimos a la calle a exigir un cambio profundo en la ski estructuras sociales, políticas y económicas, que pueda garantizar una vida digna para todas las personas que habitan nuestro país. Fue este proceso, levantado desde las voces de cientos de miles, el que abrió las puertas a la posibilidad de construir una Nueva Constitución, cambio fundamental que permitirá sentar las bases para la construcción de un país más justo e igualitario, y que no puede construirse sin las voces que lo hicieron posible.

Uno de los grandes vacíos de la Nueva Constitución son las garantías relacionadas a culturas, artes y patrimonio, que deja vacíos que dan pie a que existan cuerpos jurídicos débiles y una institucionalidad que no logra ser lo suficientemente robusta para garantizar el desarrollo de las culturas, artes y patrimonio. En consecuencia, estas temáticas debieran abordarse como una garantía fundamental en la Nueva Constitución abordadas en su integralidad y desde la perspectiva del desarrollo humano, donde las diversas manifestaciones culturales, artísticas y patrimoniales puedan ser reconocidas como una parte fundamental del ser y una necesidad intrínseca del ser humano, imprescindible para el desarrollo tanto individual como social.

Ejes Transversales de la Nueva Constitución:

La redacción de nuestra nueva constitución requiere de un enfoque cultural que permita redefinir nuevos paradigmas que permitan comprender la sociedad como un espacio de convivencia sustentable en la que la diversidad de culturas co-exista en una relación armónica también con el entorno. El enfoque cultural implicará la revisión de diversos espacios como la educación, la distribución del poder, la valorización de las comunidades y minorías y por cierto el reconocimiento como nación intercultural.

Por otra parte la nueva constitución además de explicitar el catálogo de Derechos Culturales como parte de los Derechos Humanos tendrá que robustecer los mecanismos que permitan la aplicabilidad de  estos derechos. Al mismo tiempo y desde espacios infraconstitucionales también tendremos que trabajar nuestra institucionalidad cultural con tal de garantizar que logre constituirse en un espacio de la práctica de derechos.

Más allá de la perspectiva cultural, existen algunos ejes fundamentales que deberán ser transversales a todo el articulado para permitir los cambios profundos que se requieren en todas las materias:

Constitución desde la perspectiva de los Derechos Humanos: Aun cuando Chile está suscrito a una serie de tratados que entregan resguardos en materia de Derechos Humanos, en la práctica estos no tienen un carácter constitucional por lo que no existen garantías reales. En la Nueva Constitución, los derechos humanos deberán ser un eje fundamental que pueda convertirse en una perspectiva desde la cual se aborden todas las temáticas, considerando su importancia, su carácter inalienable y también todas las temáticas que abordan desde la primera a las sexta generación de Derechos Humanos (derechos individuales, sociales, culturales, ambientales, digitales, de autodeterminación de los pueblos, entre otros).

Participación Ciudadana: Respetando el espíritu de este proceso de cambio constitucional, la participación ciudadana deberá garantizarse a través de mecanismos vinculantes que puedan promover una constante comunicación e interrelación entre las instituciones del Estado con las organizaciones y comunidades en su entorno local, para superar las lógicas partidistas, participativas no vinculantes y de democracia informativa, y abriendo espacio a mecanismos de participación directa, potenciando la participación tanto individual como de las diversas organizaciones y movimientos sociales de manera activa. Esto está intrínsecamente vinculado al deber del Estado de promover la educación cívica y de derechos cívicos como un medio de desarrollo ciudadano.

No discriminación e interculturalidad: Un tercer principio fundamental deberá ser la garantía transversal de la igualdad de derechos para todas las personas, con un especial énfasis en aquellos grupos históricamente vulnerados (niñas, niños y adolescentes, mujeres, diversidades sexuales y de género, pueblos originarios, personas en situación de discapacidad y migrantes, entre otros) y promover de manera directa la multiculturalidad e interculturalidad entendiéndola como un valor, rescatando la diversidad de culturas, territorios y conocimientos, para lograr una sociedad diversa e inclusiva, que no de cabida a la discriminación.

Garantías fundamentales en el ámbito cultural:

Nuestra nueva constitución deberá sentar las bases para la posterior construcción de una institucionalidad robusta y que pueda obligar los cambios legislativos indispensables para la efectiva protección y fomento de las culturas, artes y patrimonios. En este sentido, la Nueva Constitución deberá garantizar la protección y desarrollo de las culturas desde la perspectiva de los Derechos Culturales acordados en  el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de manera que puedan abordarse al menos las siguientes garantías:

•Reconocimiento de la interculturalidad, basada en el derecho de toda persona a crear, desarrollar, proteger, preservar y expresar sus propias identidades culturales, y elegir su pertenencia a una o varias comunidades culturales.

•Reconocimiento de la plurinacionalidad, garantizando el derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios, a la autonomía política en materias de la gestión territorial indígena, y la soberanía sobre los territorios ancestrales y de los recursos naturales de estos territorios, como eje de su desarrollo cultural, político y social.

• El Estado deberá garantizar el derecho a acceder en condiciones de equidad a la cultura y al arte, así como a participar en la vida cultural que cada ciudadana y ciudadano elija, y ejercer sus propias prácticas culturales, en el marco del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

•El Estado deberá garantizar el derecho a crear, expresar y difundir la producción cultural en libertad y sin censura, y a la protección de los derechos morales y patrimoniales de la producción artística. Esto incluye proteger el derecho a la práctica digna y permanente por parte de las y los trabajadores de las culturas, artes y patrimonio, así como el derecho de acceder a una educación y una formación artística, artesanal y profesional de los agentes culturales que respete plenamente la identidad cultural.

•La Nueva Constitución deberá establecer como un deber del Estado el reconocimiento, protección, revitalización, promoción y difusión del patrimonio cultural material e inmaterial, incluyendo la recuperación y preservación de los espacios culturales en donde se ejercen los derechos culturales, así como la defensa de la memoria histórica de las culturas que habitan los territorios.

•Las instituciones estatales de cultura deberán tener como      propósito el desarrollo pleno de los derechos culturales de la ciudadanía, reconociendo y fortaleciendo el trabajo cultural y artístico, amparando y apoyando la diversidad de expresiones culturales, y garantizando la descentralización e inclusión como eje transversal del ejercicio institucional.      Así mismo se reconocerá el derecho de las comunidades a participar en el diseño y la evaluación de las políticas en el marco de una democracia cultural, con especial consideración a las y los creadores y a las y los trabajadores de la cultura.

•El espacio público deberá reconocerse como una instancia social donde la población tiene derecho a participar, intervenir, influir y acceder como forma de cohesión social, diálogo cultural, expresión de la diversidad y promoción de la igualdad.